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domingo, 23 de agosto de 2015

REGIMEN SUBSIDIADO, 20 AÑOS.

Por Darío Elvis Camacho
Cada quien en 20 años de régimen subsidiado, desde  su perspectiva, admira o critica cómo ha evolucionado esta estrategia que busca hacer realidad con suficientes recursos el derecho a la salud de los colombianos de a pie.
Quienes trabajamos antes  de la ley  de 1993  en la región del Chicamocha y antes del inicio del régimen subsidiado en 1995, damos fe que la prestación de servicios era muy  limitada  para las personas sin recursos, con mínima tecnología, pero con formación más integral; los médicos en su año rural estaban a cargo hasta de tres municipios, predominaba la anamnesis frente a las ayudas diagnósticas, porque simplemente no las había, los tratamientos ambulatorios eran a cargo del paciente o su familia, en esa época en los pueblos pequeños nacían más niños en manos de parteras que de los médicos, existían las promotoras de salud, los primeros años sin sueldo, luego ingresaron a las nóminas, el entrenamiento de los médicos les permitía mayor resolutividad y para  llegar a ser rural en pueblos de García Rovira con hospital, se requería suerte y palanca. 
Los indicadores de salud como mortalidad materna, perinatal, cáncer y enfermedades cardio cerebro vasculares, eran vergonzosos comparados con los actuales, pero se sacaba pecho porque eran mejor que los de décadas anteriores. Hoy, 20 años después, parte de la influencia del régimen subsidiado en salud en nuestros municipios, es la mayor disponibilidad de servicios con mejor tecnología, menos gasto a cargo de la deteriorada economía de los pacientes y los indicadores de salud han mejorado, sin embargo, deberían ser mejores los resultados, toda vez que comparativamente con los demás países de la región, es el que dedica más recursos por persona. Hoy, cada usuario, según como le haya ido a lo largo de los veinte años, quiere u odia a las desaparecidas Administradoras de Régimen Subsidiado ARS ahora Empresas Promotoras de Salud EPS, cuyo lucro debería soportarse en el control del riesgo en salud de sus afiliados y no en la negación de servicios o en el crecimiento desmedido de las empresas creadas a su alrededor, en virtud de la dañina integración vertical.  
Los recursos del régimen han servido para innumerables acciones en salud para sus afiliados, pero también se desviaron en virtud de la presión violenta de los grupos ilegales armados de izquierda y derecha, de la perversa acción de politiqueros corruptos y de mafias de  tramposos que inventan cirugías,  falsas hospitalizaciones para robarle plata al sistema, en complicidad con algunas de las EPS. La EPS  mas odiada por usuarios y  más endeudada con hospitales es CAPRECOM, es oficial y es con la que los gobiernos de turno han pagado favores políticos. Las de orden privado, para sostenerse y evitar los controles del mismo Estado a través de la Superintendencia de Salud, le hacen generosas concesiones a  parlamentarios gobiernistas. Todos los actores del sistema han pecado, incluidos los usuarios, al darle más importancia  a la atención de la enfermedad que a su prevención.
Los hospitales públicos, los que hacen realidad el derecho a la salud de los pobres, en su mayoría están en desventaja a la hora de negociar la venta de servicios con las EPS por la posición dominante que estas ejercen por tener la plata y por la veteranía de sus negociadores que dejan en jaque a los Gerentes de Hospitales, que sin argumentos técnicos, terminan aceptando condiciones desfavorables para la institución, y para no dejar que se desequilibren económicamente, terminan disminuyendo la oferta de servicios a los  usuarios que son la razón de ser del sistema. 
Para más infortunio de los usuarios, la mayoría de los Gerentes de Hospitales públicos le dan más importancia al dinero de la venta de servicios, cuando este en realidad debe ser una consecuencia del buen servicio, principio elemental empresarial para sostenerse y crecer.
La mayoría de Alcaldes que jurídicamente pueden hablar de igual a igual con las EPS,  pierden esa posibilidad de defender a los usuarios al aceptar cargos que la EPS les da en cada municipio o algunos favores en salud para sus copartidarios más cercanos.
La inspección, vigilancia y control del sistema, está más en el nivel central, es decir, desde Bogotá, con la Superintendencia Nacional de Salud; en los departamentos y municipios donde se ve a diario el incumplimiento de las EPS, no existe la facultad sancionatoria. En este sistema mercantilista, los servidores de la salud de nivel profesional, cada vez tienen menos tiempo para oír, examinar y educar en salud a los pacientes, lo que lleva a que sean menos efectivos en su actuar, generando insatisfacción al usuario y a su familia y mayor costo para el sistema. 
Sin duda que los beneficios para las personas pobres y vulnerables son incontables, a pesar de todos los defectos del sistema, pero en salud no podemos conformarnos con lo mucho que se ha hecho, sino por lo que se ha dejado de hacer, que en la vida  real significa  muertes evitables, complicaciones evitables, días productivos perdidos, sufrimiento y dolor para los pacientes y sus familiares. 
No deben  pasar otros 20 años para entender que los recursos del sistema son suficientes, que deben aplicarse más en prevención efectiva  que en curación y  que rendirían más, si se libran de la politiquería y la corrupción.

jueves, 13 de agosto de 2015

“PRIMER AÑO DEL SEGUNDO PERIODO SANTOS: INCERTIDUMBRE Y FRUSTRACION”.

Por Darío Elvis Camacho Noriega, Médico
La baja popularidad del rico Presidente no es gratis, no solo por la frustración nacional en que se convirtió el proceso de paz, sino por las expectativas en salud, seguridad y educación que afectan el día de los colombianos.
Muchos de los ingenuos que lo reeligieron lo hicieron con la expectativa del tremendo cambio que traería en materia de salud la anunciada ley que convirtió a la salud en derecho de primer orden, transcurrido un año no hay día ni noticiero del nivel nacional que no informe sobre todo lo que tienen que sufrir los afiliados al sistema, tanto en el régimen contributivo, como el subsidiado o los regímenes especiales como el del Magisterio, para acceder a los servicios de salud. No en vano, el reclamo de los maestros en el pasado paro, incluía su marcada insatisfacción por los servicios de salud que, en teoría, son mejores y cuentan con más recursos por cada afiliado que el de los regímenes tradicionales.  
El rico Presidente dijo que no habría paseo de la muerte, que la atención de urgencias se garantizaría en todo el país y que se terminaría con las largas esperas para consultas y procedimientos; hoy la situación es más grave que antes de entrar en vigencia el nuevo saludo a la bandera, como lo es hasta ahora la ley estatutaria de salud, llena de buenas intenciones, pero que no ha tenido ningún impacto social por falta de reglamentación, que debe estar orientada en acabar con el mayor defecto que tiene el sistema de salud colombiano, que es el predominio del lucro económico, en especial de las EPS, sobre el bienestar del afiliado y su familia.
Hoy, la mayoría de EPS tienen influencia politiquera, la pública CAPRECOM y la mayoría de hospitales públicos, pequeños y grandes, se siguen entregando a casas políticas, o mejor, a politiqueros, en pago de favores electorales,  anulando la autonomía que ordena la ley para que sean eficientes, eficaces y autosuficientes. Hoy hay más hospitales ilíquidos, sus Gerentes  y quienes los nombran, Alcaldes o Gobernadores, le echan la culpa de sus problemas económicos al tercero más cercano como son las EPS, sin reconocer que hay desgreño administrativo, que los funcionarios no entran por méritos sino por palanca y los contratos se adjudican en su mayoría a financiadores de campañas.  
En seguridad, la percepción de la comunidad es negativa, tanto en las ciudades capitales como en las de provincia y en los campos. El microtráfico y la impunidad son las dos locomotoras de la inseguridad, en el mediano plazo  no se ven medidas que cambien esta realidad, con el agravante de la incertidumbre que genera el cuestionado proceso de paz.
La credibilidad en las instituciones del Estado nunca antes había sido tan baja; el caso Pretelt es tal vez la mayor vergüenza del sector de la justicia. El Congreso se quedó corto en las reformas anunciadas, solo impidió la reelección inmediata del Presidente, pero dejó la puerta abierta para que se reelija o siga gobernando en cuerpo ajeno, como es el caso del Vicepresidente que está en plena campaña presidencial con recursos del Estado, y solo debe retirarse un año antes de las próximas elecciones presidenciales.
En educación, el incumplimiento de promesas electorales presidenciales lo corroboró el paro de maestros, por ahora es solo una promesa aplazada hasta finales del actual cuatrienio lo de la jornada única, que en el mejor de los casos, solo beneficiará a la tercera parte de los estudiantes de los colegios públicos, mientras los estudiantes privilegiados de la educación privada son más competitivos y se quedan con la mayoría de cupos universitarios.
Ojalá, al hábil jugador de póker le funcionen las estrategias para que la incertidumbre y la frustración se conviertan en esperanza, para bien de los colombianos, y al final de su gobierno podamos dar fe de que cumplió.